15/11/2018 - CASO BARALDO :

Por qué la Justicia liberó a los Baraldo y Morandini

El vencimiento en los plazos de prisión preventiva y el interés superior del niño, las claves del fallo que conmueve a Santa Fe. ADEMAS : Detuvieron al sospechoso por las amenazas a Luis Mino, su familia y Aire de Santa Fe, por informar sobre el caso.-

Luego de que el viernes pasado, en horas del mediodía, se conoció el fallo que revocó el encarcelamiento de Víctor Hugo y Juan Pablo Baraldo y Nidia Norma Morandini, los tres condenados a penas que van desde los 16 a 20 años de prisión, por un abuso sexual intrafamiliar, el repudio en buena parte de la sociedad se marcó a fuego. En las redes sociales, en las radios y en el boca en boca, los interrogantes y la incomprensión de por qué tres personas que, por lo menos en primera instancia, fueron condenadas a altas penas por el abuso de un niño, por el momento no se encuentran en prisión.

La reciente resolución lleva la firma de los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Bruno Netri, Sebastián Creus y Jorge Andrés, los cuales por medio de 55 páginas determinaron, por mayoría, que los tres sentenciados continúen libres hasta que la sentencia cobre firmeza en las distintas etapas que permite el proceso judicial. Cabe destacar que el próximo paso será la audiencia de apelación del juicio oral y público que vincula los hechos por los cuales los tres imputados fueron juzgados.

La reciente excarcelación se produjo después de que los jueces de primera instancia Pablo Busaniche, Rodolfo Mingarini y José Luis García Troiano, el 11 de octubre pasado, ordenaron que permanezcan en prisión preventiva hasta que la sentencia que los condenó, tres días antes, cobrara firmeza.

Esa resolución terminó siendo apelada por Eduardo Jauchen y derivó el viernes pasado en la revocatoria de la prisión a pesar de que los fiscales del caso, Omar De Pedro y Daniel Filipi y los querellantes, Martín Risso Patrón y Carolina Walker, solicitaron que continué firme el fallo de primera instancia.

Los plazos vencidos

En líneas generales, el fallo que ordenó la revocatoria de la medida cautelar de los Baraldo y Morandini, se refirió mayormente al análisis del artículo 227 del Código Procesal Penal de Santa Fe que explica cómo debe actuar la ley en torno a la "cesación de las medidas alternativas a la prisión preventiva" y la "caducidad" de las mismas. Inclusive, en gran parte de la resolución, los jueces Netri y Creus pusieron mayormente el foco en la "cuestión semántica" de las palabras: "cesación y caducidad".

Por fuera de ello, el voto de Andrés realizó una amplia descripción de cómo surgieron los hechos que culminaron en la sentencia del 8 de octubre cuando los conjueces, José Luis Silva, Alfredo Olivera y Néstor Pereyra, sentenciaron a Morandini a 20 años de prisión efectiva, a Víctor Hugo Baraldo a 18 y a Juan Pablo, a 16, por el abuso del nieto y sobrino de los tres imputados. Dicho abuso ocurrió cuando el chico tenía entre seis y nueve años, en la ciudad de Esperanza (departamento Las Colonias).

El camarista hizo hincapié en el vencimiento de los plazos de prisión preventiva con los que cuenta el proceso judicial y que se enmarcan en el Código Procesal Penal de Santa Fe. En este sentido, el magistrado de segunda instancia aclaró que "la interpretación del texto no genera ningún tipo de dudas: en la provincia de Santa Fe el legislador ha tomado la opción política criminal de determinar que el plazo razonable en que una persona puede estar detenida sin condena firme no puede superar los dos años (o tres si se incluye la prórroga excepcional)", explicó.

Para dar aún más precisión a su relato, el juez recordó que Víctor Hugo Baraldo quedó en prisión preventiva el 17 de septiembre del 2014 y a los dos años, el 18 de agosto del 2016, se prorrogó un año más su encarcelamiento hasta que llegara el juicio. En el caso de Morandini, a la mujer (abuela del nene abusado) se le impuso la medida cautelar el 24 de diciembre del 2014 y dicha medida debió prorrogarse un año más tras una resolución dictada en 2016. Por último, el hijo del matrimonio, Juan Pablo, fue encarcelado el 30 de octubre del 2015 y a diferencia de sus padres solo permaneció dos años en prisión preventiva.

Los tres fueron liberados en diciembre del 2017 luego de que un tribunal de conjueces ordenaron el cese de la medida cautelar tras vencerse los plazos de detención. Esa liberación fue dos meses después de que el primer juicio que tuvo el caso terminó truncándose, tras haber sido recusados los jueces del tribunal, Susana Luna, Jorge Pegassano y Octavio Silva por los abogados querellantes.

"Sin perjuicio de que se deberían establecer los motivos por los cuales los titulares de la acción esperaron hasta ultimo momento, en términos de lapso de encarcelamiento preventivo para presentar la acusación, cierto es que los planteos que derivaron en la recusación de los integrantes del tribunal de Juicio y la posterior invalidación, provino de la querella", cuestionó Andrés en su voto.

"Nos encontramos ante una situación donde el Estado ha perdido toda facultad de exigir la privación de la libertad cautelar de los imputados. Los mantuvo encarcelados un lapso de tiempo excesivo (a dos de ellos durante más de tres años), y la invalidación y/o no realización del debate en término, obedeció a circunstancias que no les son imputables", opinó el magistrado en torno a por qué no debe haberse dejado firme la prisión preventiva hasta que el fallo cobre firmeza.

En la misma sintonía

El juez Sebastian Creus, adhirió al voto de su colega Andrés y sostuvo que "la existencia de riesgos procesales resulta irrelevante, así como la gravedad del delito, o lo socialmente repudiable que sea".

"En resumidas cuentas, y volviendo al principio, si cualquiera pregunta ¿qué dispone el artículo 227 inciso 2) del Código Procesal Penal?, la respuesta es muy sencilla en mi criterio: que en todo proceso donde el imputado esté cautelado con prisión preventiva, esta se extingue definitivamente a los dos años, si no hubiera comenzado la audiencia de debate o a los tres años (si hubo pedido de prórroga por la Acusación antes del vencimiento de aquel plazo), también si no se hubiera comenzado la audiencia de debate", acotó en su análisis el camarista.

"La pregunta que surge, entonces, es si frente a la necesidad de proteger especialmente a niños, niñas o adolescentes contra el acusado autor de un delito, mientras el proceso determina si efectivamente lo cometió, deben alterarse las reglas del debido proceso, las garantías convencionales de razonabilidad de la prisión preventiva o cualquier otra condición exigida constitucionalmente", agregó.

Por último, el juez apuntó a los actores del proceso que derivó en la anómala situación. "No es posible admitir racionalmente que se supriman garantías constitucionales como el debido proceso o la defensa en juicio (como dije, derechos humanos garantizados claramente) o el principio de inocencia, con el fin de proteger especialmente algún otro bien jurídico, por importante que sea, pues ello supondría que el fin justifica los medios", consideró Creus.

Por último sentenció: "Esto no significa desconocer el drama humano que la víctima ha sufrido o dice haber sufrido, según sea el resultado final de la causa, pero en todo caso habrá que preguntarse quién es el responsable de que este proceso haya llegado al punto en que transcurridos mucho más de tres años no se inició el debate y fue precedido de uno frustrado, cuestión que por supuesto es ajena a esta resolución".

El niño, el interés superior

La disidencia en el fallo fue planteada por el camarista Netri, quien consideró que la resolución que encarceló nuevamente, el 11 de octubre a los Baraldo y Morandini, debería haber quedado firme.

"La circunstancia de que los imputados sean familiares directo de la víctima, permite válidamente sostener que los mismos conocen su entorno, amigos, vecinos y demás familiares, en definitiva el centro de vida que tuvo y tiene el menor", consideró.

En esa línea, el magistrado Netri opinó a favor de que los imputados permanezcan presos ya que evaluó que debe "necesariamente prevalecer el interés superior del niño". De igual manera, quedaron en libertad.

Por : DIARIO UNO - SANTA FE.-
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Detuvieron al sospechoso por las amenazas a Luis Mino, su familia y Aire de Santa Fe.

Los graves mensajes intimidatorios advertían represalias contra el conductor por su posicionamiento y cobertura mediática en torno al Caso Baraldo.

Personal de la PDI detuvo a una persona de 39 años, que sería quien emitió las amenazas contra el líder de Aire de Santa Fe, su familia y el medio que conduce. Luis Mino confirmó este viernes por la tarde que el sospechoso, cuyas iniciales son A.A.E., fue localizado en el noreste de la ciudad. Su aprehensión fue posible gracias a un complejo trabajo de entrecruzamiento de datos, que permitió dar con el número telefónico desde el que partieron las amenazas.

El individuo detenido llevaba consigo el teléfono desde el que se enviaron los mensajes intimidatorios.

El periodista comunicó la novedad en diálogo con El Club de la Tarde. Valoró y destacó el eficiente trabajo de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público de la Acusación, que permitió llegar a un rápido primer resultado. De todos modos, advirtió que “hay que ser prudentes. Hay cuestiones que no se pueden comentar, para no alterar la investigación. Esta persona deberá explicar muchas cosas, entre ellas por qué tenía ese teléfono, y por qué tenía algo en particular que fue encontrado en su casa”, detalló.

La aprehensión del sospechoso es particularmente significativa en esta jornada, ya que los condenados por el Caso Baraldo quedaron libres gracias a un insólito fallo de la Cámara de Apelaciones. A pesar de haber sido sentenciados a 20, 18 y 16 años de prisión por el abuso sexual de un niño de su propia familia, Noemí Morandini, Víctor Hugo Baraldo y Juan Pablo Baraldo seguirán en libertad.

El parte de PDI
Desde la fuerza policial emitieron un comunicado oficial tras el exitoso procedimiento:

“En horas de la tarde del viernes, Personal del Departamento Complejas “I” (D.I.C.E) de la Policía de Investigaciones (P.D.I) detuvo a una persona en el marco de una investigación por amenazas al periodista Luis Mino.

Mediante los recaudos legales correspondientes, los efectivos policiales llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Risso 6000 de la ciudad de Santa Fe. En el lugar se logró el secuestro de dos teléfonos celulares, desde donde se habrían originado las amenazas, cajas con proyectiles calibre 11.25, calibre 40 y un cargador de 9 mm sin municiones. Además se logró la aprehensión de A.A.E, de 39 años.

Intervino en la causa el Dr. Omar De Pedro quien dispuso la detención del hombre por el delito de coacción”.

Repudio y solidaridad
La Cámara de Diputados de la provincia aprobó ayer una declaración en la que expresa “repudio y preocupación” por las amenazas contra “el periodista Luis Mino y su familia” a propósito de “su comprometido trabajo en la cobertura mediática del Caso Baraldo“. La iniciativa había sido presentada por el diputado Ariel Bermúdez.

También la Asociación de Prensa de Santa Fe emitió un comunicado para expresar su “honda preocupación por las amenazas y presiones denunciadas por periodistas que vienen llevando a cabo la cobertura informativa del denominado Caso Baraldo”. La entidad se refirió no sólo al caso del conductor de Aire de Santa Fe, sino también a la situación del periodista esperancino Daniel Franck, del diario El Colono del Oeste de Esperanza. “Franck viene sufriendo desde hace tiempo presiones y acciones destinadas a condicionar su trabajo”, detalla el comunicado de prensa y agrega: “El periodista explicó que un alto exdirectivo de la empresa Gonella -donde trabaja la imputada Morandini-, de apellido Pianetti, le exigía que ‘antes de escribir debía llamarlo y que él le iba a decir’ lo que debía publicar”.

“Se trata de una clara ofensiva destinada a tratar de evitar que se informe libremente a la población con el objetivo de encubrir a los culpables de crímenes aberrantes contra, -al menos- un niño”, manifestaron desde la Asociación.

Por :AIRE DE SANTA FE.-